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I.- El fallo

El fallo que fuéramos invitados a comentar fue dictado con fecha 4 de febrero de 2013 por la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal (la “Cámara”) en autos: “BRAVE MARCELO (el “Corredor”) c/ PAUVER S.A. (la “Sociedad”) s/ ORDINARIO” (el "Fallo").

II.- Los hechos

El Corredor promovió acción ordinaria tendiente al cobro de honorarios correspondientes al 5% más IVA sobre el importe total a vender (74 lotes y los llamados “dormies” del Club de Campo San Francisco) conforme los términos contractuales, con más el 4% en concepto de lucro cesante al estimar que la resolución contractual dispuesta por la Sociedad fue absolutamente ilegitima e intempestiva.

Por su parte la Sociedad resistió la acción argumentando que la resolución contractual devino justificada pues el Corredor había incurrido en incumplimiento de sus deberes contractuales (cooperación, actuación en interés del comitente, fidelidad, lealtad, buena fe y abstención de ejercicio de una competencia desleal) por haber comercializado diversos lotes del Club de Campo Los Palenques (vecino al Club de Campo San Francisco) pese a la exclusividad que tenía con el Club de Campo San Francisco. Igualmente, opuso falta de acción por entender que el Corredor carecía legitimación para reclamar honorarios por no encontrarse debidamente matriculado.

El juez a quo hizo lugar a la demanda entendiendo que la resolución contractual había sido intempestiva e injustificada y en su mérito condenó a la Sociedad a pagar la suma de U$S 420.000 con más intereses a la tasa del 5% anual, calculados desde el 28/4/2000 -fecha en la cual había operado la resolución- hasta el efectivo pago. La Cámara confirmó en lo sustancial el Fallo modificando el monto de condena y el cómputo de los intereses.

III.- El análisis

El Fallo posee un gran valor académico, pues a través del voto del vocal preopinante fueron abordados con impecable didáctica los temas de fondo involucrados en los agravios impetrados por la Sociedad.

Así, la Cámara precisó que la vinculación habida entre las partes fue de corretaje, determinó los derechos y deberes asumidos por los contratantes y estimó procedente el reclamo de honorarios por resultar una excepción a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la “CSJN”) in re: "Caracciolo, Ernesto y otro c/ San Luis, Provincia de s/ Cobro de Comisión".

Ello así, reprochó la conducta defensiva asumida por la Sociedad al confundir los institutos jurídicos y haber basado la resolución contractual en causales que no se correspondían con las obligaciones propias de un corredor, tornándola por ende, en ilegítima.

Dado la multiplicidad de temas abordados en el Fallo, el análisis se circunscribirá al contrato de corretaje y su regulación a la luz del Proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación (el “Proyecto del CO.CI. y CO.”).

(III.1) El contrato de Corretaje su caracterización. El Proyecto del CO.CI. y CO.

El contrato de corretaje es un contrato bilateral y oneroso caracterizado por la mediación que realiza una de las partes a favor de otra. Así, sus notas características residen en la obligación de medios que asume el corredor y en la actuación en interés propio que despliega en el marco de ese contrato. 

El corretaje estuvo regido por los artículos. 88 a 112 del Código de Comercio hasta la sanción de la ley 25.028 que complementa el decreto ley 20.266/73 y deroga los arts. 88 a 112 del Código de Comercio, dejando subsistente el art. 87 del citado cuerpo legal.

Por su parte, el Proyecto del CO.CI. y CO. regula el corretaje en el Capítulo 10 del Título IV referido a los Contratos en Particular desde el artículo 1345 al 1355, principiando con una definición. Al respecto se establece: 

“Hay contrato de corretaje cuando una persona, denominada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes.”

 El Proyecto del CO.CI. y CO. le ha otorgado expresa consagración legislativa y ha mantenido incólume las características propias del contrato de corretaje que se evidencian en el artículo 1348 cuando se legislan las prohibiciones del corredor (a) adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido encargada y (b) tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella.  

(III.2) Su distinción con otras figuras. La teoría de la representación en el Proyecto del CO.CI. y CO..

El contrato de corretaje, tal como lo precisó el Fallo, debe distinguirse de otras figuras contractuales tales como:

Contrato de Mandato: caracterizado por la representación que ejerce una de las partes a favor de otra. Es decir, el mandatario representa a las partes que han de celebrar el negocio jurídico. Así, el mandatario actúa en nombre ajeno y se identifica con una de las partes del negocio. Tiene lugar cuando una parte da a otra poder para representarla al efecto de ejecutar en su nombre uno o más actos o negocios jurídicos.

En este punto cabe advertir que el Proyecto del CO.CI. y CO. prevé en el inciso b) del artículo 1349 la posibilidad de que el corredor reciba el encargo de representarla en la ejecución del negocio.

Estimamos que esta redacción podría presentar algunos equívocos en la futura conceptualización del corretaje y su diferenciación con el mandato, pues la versión actual del inciso a) del artículo 34 de la ley 20.266 y sus modificatorias, hace alusión a esta facultad con el agregado de “representación en los actos de ejecución del contrato mediado”, permitiendo así distinguir ambas figuras. En efecto, el corretaje conserva lo relativo a la mediación o intermediación entre dos partes, sin perjuicio de algún tipo de representación que pueda otorgarse en forma posterior; y por su parte el mandato mantiene su nota característica de representación.

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que el Proyecto del CO.CI. y CO. regula la representación -como teoría general- dentro de las reglas generales del acto jurídico (Sección 1 del Capítulo 8 desde el artículo 358 al artículo 381) con clara vocación a separarse del mandato como contrato; por ello el inciso b) del artículo 1349 relativo a la representación del corredor, debe ser analizado bajo estos nuevos esquemas y no con las normas relativas al mandato.

Contrato de Locación de Servicios: caracterizado por la imposibilidad de retrotraer el negocio sin resarcir el daño causado, en virtud de la vinculación con la prestación existente entre las partes.

Estas conceptualizaciones y distinciones absolutamente soslayadas por la Sociedad se proyectaron a nivel probatorio y defensivo y a la postre sellaron el fracaso de las defensas oportunamente esgrimidas.

El Proyecto del CO.CI. y CO., tal como se adelantó, introduce la teoría de la representación que adquiere importancia en este análisis pues el codificador pretende lograr una nítida separación con el contrato de mandato lo que trajo aparejado modificaciones en la regulación de esta figura contractual. Veamos:

ARTÍCULO 1320.- Representación. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes. Aun cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplican las disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y mandatario, en todo lo que no resulten modificadas en este Capítulo.

ARTÍCULO 1321.- Mandato sin representación. Si el mandante no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario contra el tercero, e igualmente el tercero en las acciones que pueda ejercer el mandatario contra el mandante

Es decir, el Proyecto del CO.CI. y CO. legisla la posibilidad de un mandato sin representación, en aras a lograr una separación entre estos dos institutos, pero ello se proyecta sobre el contrato de corretaje pues al debilitar uno de los caracteres propios del mandato -la representación- se produce un acercamiento a la figura del corretaje.  En otros términos, mandatario y corredor actuarán en nombre propio lo que exigirá extremar el análisis para distinguir la real figura contractual que subyace en cada caso.

En este punto cabe indagarse si no se tornarían difusas las líneas trazadas en el Fallo en cuanto a la distinción entre mandato y corretaje. Estimamos que no, pues la nota diferenciadora entre ambos contratos se trasladará hacia el interés perseguido en el negocio. Es decir, en la medida que se actúe por interés propio podrá caracterizarse como corretaje, mientras que en los casos donde se actúe por interés ajeno podrá considerarse un mandato.

(III.3) El cobro de honorarios frente a la falta de matriculación

Finalmente el Fallo aborda casi en toda su extensión lo relativo a la pretensión de cobro de honorarios del corredor de hecho, es decir aquella persona que ejerce las funciones de un corredor sin encontrarse debidamente matriculado.

La temática ha sido ampliamente discutida en la doctrina y jurisprudencia dictándose un Plenario cuya doctrina es:

Si se ha establecido en el contrato escrito una misión determinada, la persona que se obligó a su pago no puede eludirlo, alegando la falta de matrícula de corredor”

Posteriormente la Corte Federal tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el particular, dejando sentado que la exigencia legal relativa a la inscripción en la matrícula de corredores resulta “…impuesta por el interés público y la necesidad de asegurar la idoneidad, corrección y responsabilidad de quienes se dedican…” a tales actividades; y que, por ello, la falta de matrícula priva al corredor del derecho de percibir comisión, lo que “…no puede ser dispensado ni siquiera ante la existencia de convención expresa celebrada sobre el punto con apoyo en el principio consagrado por el art. 1197 del Código Civil…”

Tal como lo precisa el Fallo, la aceptación del recordado criterio expuesto por la Corte Federal implica superar la orientación jurisprudencial opuesta que adoptó el plenario, pues con esta aceptación, no solo se respeta la autoridad de que están investidos los precedentes de la Corte, en cuanto Tribunal Supremo de la Nación, y las razones de economía procesal, certeza y seguridad jurídicas que aconsejan la conveniencia de tender a la uniformidad de la jurisprudencia, sino también y fundamentalmente se acata la solución otrora resultante del artículo 89 del Código de Comercio que, pese a la existencia del apuntado plenario, fue reiterada por el artículo 33 de la ley 20.266, texto según ley 25.028, lo cual demuestra la presencia de una voluntad legisferante en el sentido de erguir a la matriculación, como regla, en condición para el cobro de retribución por tareas de corretaje.

Sin embargo, en el sub examine la Cámara estimo procedente el reclamo de honorarios a favor del Corredor no matriculado, en el entendimiento de que el reclamante era primo hermano del presidente de la Sociedad y por ello no resultaba válida la negativa al cobro de honorarios, pues de lo contrario se permitiría un enriquecimiento ilícito o un aprovechamiento por parte de la Sociedad quien, pese a tener conocimiento previo de la falta de matriculación por el grado de parentesco,  pretende valerse de esta situación en su beneficio.

Por su parte el Proyecto del CO.CI. y CO. aborda en forma indirecta esta temática al regular la conclusión del contrato de corretaje (art. 1346), pues al respecto prevé:

a) si el corredor está inscripto para el ejercicio profesional del corretaje, por su intervención en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro corredor por el otro comitente;

b) si el corredor no está inscripto, por pacto expreso por escrito, que sólo obliga a la parte que lo firmó.

Es decir, el Proyecto del CO.CI. y CO. recepta la actuación del corredor de hecho; sin embargo, cabe indagarse si esta consagración alcanza para poder reconocer el reclamo de honorarios por su actuación. Al respecto, el Proyecto del CO.CI. y CO. nada dice, pero al regular el cobro de comisiones (arts. 1352 y 1353) no prevé el supuesto de la falta de matriculación como causal de exclusión.

Por ello, se podría sostener que el Proyecto del CO.CI. y CO. receptó los lineamientos propuestos por la Corte Federal en cuanto a su aceptación bajo ciertas circunstancias, lo que a la postre exigirá analizar en cada caso la procedencia y fundamento del reclamo impetrado. Con el Proyecto del CO.CI. y CO. existirían mayores fundamentos normativos para reclamar, en ciertos supuestos, el cobro de honorarios por parte de los corredores de hecho.

IV.- Conclusión

El Fallo bajo análisis ha abordado tópicos recurrentes en materia mercantil, cuyos cimientos se mantienen en el Proyecto del CO.CI. y CO. con algunos matices o cambios cuya aplicación y correcta interpretación dependerá en definitiva de la judicatura y de los operadores de derecho a fin de superar los nuevos desafíos que propone el Proyecto del CO.CI. y CO. en esta materia.

 

SALTA, Julio  de 2013

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en pleno Brunetti c. Nolte • 10/10/1921 

CSJN, 17/03/1987, "Caracciolo, Ernesto y otro c/ San Luis, Provincia de s/ Cobro de Comisión", Fallos 310:570 y ED t. 141, p. 248).

Fallos 310:570 y ED t. 141, p. 248