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I. INTRODUCCCIÓN

El fallo que fuéramos invitados a comentar fue dictado con fecha 28 de agosto de 2012, por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (la “Cámara) en los autos: “MAERO SUPARO HERNÁN DIEGO Y OTROS (los “Actores”) contra BANCO FRANCÉS S.A. (el “Banco”) sobre ORDINARIO”  (el "Fallo").

II. LOS HECHOS

Los actores promovieron demanda de cobro de pesos con más los daños y perjuicios resultantes de la errónea apertura de su caja de seguridad.

El juez aquo admitió parcialmente la demanda por considerar al Banco civilmente responsable, en tanto calificó la apertura como una grave negligencia imputable a éste, que le permitía tener por configurados tres presupuestos necesarios para la atribución de responsabilidad: la existencia de un hecho ilícito, su imputabilidad y la relación de causalidad.

Así, condenó al Banco a abonar la suma de pesos reclamados en base a la solvencia económica de los Actores, sin devengamiento de intereses ya que consideró que al hallarse resguardadas en una caja de seguridad no estaban destinadas a producir ningún fruto, con más una suma por daño moral. Por otro lado, rechazó la pretensión referida a la indemnización por la sustracción de joyas por entender que no había mediado prueba alguna sobre estos objetos, al igual que los rubros correspondientes a pérdida de chance y lucro cesante.

Ambas partes apelaron y la Cámara confirmo en lo sustancial el Fallo, modificando lo relativo a los intereses en el entendimiento de que por tratarse de una obligación de raigambre contractual, debe mediar interpelación previa que constituya en mora al deudor. Que en el caso la interpelación ocurrió al momento de notificarse la demanda y por ello desde esa fecha debían devengarse los réditos de los rubros condenados. 

III. EL ANALISIS

El Fallo nos introduce en el estudio del contrato bancario de caja de seguridad, cuyos caracteres han sido definidos por la jurisprudencia mediante elocuentes sentencias como el Fallo lo aquí comentada.

Ello así, y compartiendo el excelso desarrollo efectuado por el vocal preopinante del Fallo, nos adentraremos a analizar Proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación (el “Proyecto”) sobre esta temática y su novedosa legislación, que permitirá  otorgará seguridad jurídica a estos negocios cuya única fuente es doctrinaria y jurisprudencial.

(A) Naturaleza Jurídica

Que en forma preliminar cabe destacar que la falta de regulación de este contrato ha traído opiniones discordantes entorno a su naturaleza jurídica, dividiéndose las voces entre su caracterización como un contrato de locación de cosas y un contrato de depósito.

En el caso “Simao de Busico, Elena M. c. Banco Mercantil Argentino”, luego de repasar la copiosa doctrina y jurisprudencia sobre el tópico, se lo ha caracterizado como un contrato atípico, por compartir elementos del contrato de locación de cosas en cuanto a la concesión del uso de la caja y del contrato de depósito, en cuanto a la obligación de custodia de la caja e indirectamente de los objetos depositados, tesitura que ha seguido la jurisprudencia posterior.

El Proyecto regula el instituto en el Capitulo 12° relativo a los Contratos Bancarios, Sección 2°, Párrafo 5°, desde el artículo 1413 hasta el 1417, otorgándole una naturaleza jurídica propia, que pese a compartir caracteres con el contrato de depósito se diferencia de éste en orden a la responsabilidad que asume el prestador del servicio, conforme se explicará infra.

De esta manera el Proyecto, recogiendo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial elaborado a tal efecto, propone la regulación de este contrato mediante cinco artículos, cuya dinámica se nutrirá con los principios generales de los contratos y de los bancarios en particular. 

(B) Responsabilidad Contractual. Obligaciones emergentes del contrato.

Este aspecto puede advertirse nítidamente en la sentencia de primera instancia donde se discutió la atribución de responsabilidad, que luego no fue materia de agravios. Sin embargo la juez a quo tuvo por configurada la responsabilidad del Banco en base a la errónea apertura de la caja, al estimar que dicho acto constituyó una negligencia que resultaba agravada ora sea por el carácter de profesional que asume la entidad bancaria, ora sea por el tipo de obligación –de resultado- asumida en ese contrato.

Que a su respecto el Proyecto regula las obligaciones del prestador del servicio creando un parámetro agravado de responsabilidad.  Ello así, el esquema propuesto puede sintetizarse de la siguiente forma:

El prestador del servicio:

(i) responde por

-  la idoneidad de la custodia de los locales,

- la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario.

(ii) no responde

- por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas guardadas.

Que por otro lado, el Proyecto prevé la posibilidad de establecer clausulas limitativas de responsabilidad, más no de eximición puesto que, por vía indirecta, se desnaturalizarían los fines tuitivos establecidos por la norma al regular las obligaciones de las partes en dicho contrato.

Que todo este marco conceptual permite distinguir al contrato de caja de seguridad con el contrato de depósito, pues la responsabilidad del depositario se circunscribe a  (i) guardar la cosa con la diligencia que usa para sus cosas o la que corresponda a su profesión. (ii) restituirla cuando sea requerida. En cambio, en el contrato de caja de seguridad adicionalmente el prestador responde por la idoneidad de la custodia y por lo integridad de las cajas, conforme lo pactado y las expectativas creadas en el usuario.

(C) Prueba

La cuestión probatoria ha sido el tópico principal abordado en el Fallo, que con un equilibrio meridiano ha intentado sortear las dificultades probatorias que se verifican en estos casos.

Que al respecto es dable destacar que existe un grado de consenso en la jurisprudencia, sobre el tipo de prueba admisible en estos contratos. Ello así, y frente a la imposibilidad de ofrecer prueba directa sobre el contenido de las cajas, ora sea por la falta exteriorización de los objetos ingresados, ora sea por la circunstancia de que las mismas se encuentran en la esfera de custodia del Banco, se torna necesario recurrir a la prueba de presunciones.

Esta particular circunstancia, derivada de la nota tipificante de confidencialidad que tienen estos contratos, imprime cierta prudencia y rigor en la valoración probatoria, puesto que necesariamente deben reunirse los elementos suficientes y en particular, la gravedad, precisión y concordancia exigida para las presunciones, como para formar la debida convicción del sentenciante.

En este sentido, el Proyecto consagra acertadamente el principio de la amplitud probatoria, sin otorgar mayores precisiones, lo que se traduce en la confirmación explícita de los constantes esfuerzos de la magistratura para valorar este tipo de probanzas.

(D) Extinción del Contrato.

Este tema no ha sido abordado en el Fallo, sin embargo es una práctica bancaria habitual que la apertura de las cajas de seguridad por falta de pago o vencimiento del contrato se haga en presencia de un notario.

Que dicho mecanismo – absolutamente soslayado por el Banco y posteriormente reprochado en el Fallo – cumple dos funciones esenciales: (i) otorga formalidad al acto de extinción del contrato y (ii) sirve como documento indubitado del contenido de la caja.

En este sentido su instrumentación permite que, ante un supuesto similar al acontecido en el Fallo, la discusión se sitúe única y exclusivamente en torno a la procedencia del daño moral por el error incurrido sin discutir otras partidas indemnizatorias, salvo claro está que se hubiese redargüido de falso dicho instrumento.

Que por su parte, el Proyecto regula en forma específica la extinción del contrato al establecer que vencido el plazo o resuelto el contrato por falta de pago o por cualquier otra causa convencionalmente prevista, el prestador debe dar a la otra parte aviso fehaciente del vencimiento operado, con el apercibimiento de proceder, pasados TREINTA (30) días del aviso, a la apertura forzada de la caja ante escribano público. En su caso, el prestador debe notificar al usuario la realización de la apertura forzada de la caja poniendo a su disposición su contenido, previo pago de lo adeudado, por el plazo de TRES (3) meses; vencido dicho plazo y no habiéndose presentado el usuario, puede cobrar el precio impago de los fondos hallados en la caja. En su defecto puede proceder a la venta de los efectos necesarios para cubrir lo adeudado en la forma prevista por el artículo 2229, dando aviso al usuario. El producido de la venta se aplica al pago de lo adeudado. Los bienes remanentes deben ser consignados judicialmente por alguna de las vías previstas en el Proyecto.

Al otorgársele fuente legal a la obligación de abrir la caja de seguridad en presencia de un escribano público, se suple precisamente la inexistencia de registro de lo depositado como consecuencia de la privacidad del contenido de la caja que distingue este contrato. Nótese que dicha exigencia torna operativamente razonable la consecuencia dispuesta por la previsión del artículo 1417 del Proyecto, previsión que resulta aplaudible al proteger suficientemente los intereses ambas partes contratantes.

Es dable señalar que dicha norma termina por diferenciar la naturaleza jurídica de este contrato con el de depósito, en contraste con lo dispuesto por el artículo 2205 del Código Civil que impone la obligación del depositario de no abrir la caja o bulto cerrado a menos que se encuentre autorizado para ello. No existe en cambio en el Proyecto previsión similar a esta última, pero se subsume en las previsiones generales desde que en el contrato de depósito regulado en el Proyecto impone la obligación de restituir la cosa depositada, no pudiendo por ello hacerse de la misma para cubrir con los gastos que se hubieren irrogado por la conservación de la misma, salvo, claro está, pacto en contrario.

IV.- COROLARIO

Que en función de todo lo expuesto, estimamos que el Fallo bajo análisis se enmarca en la buena tendencia jurisprudencial sobre la caracterización de este contrato y  las obligaciones derivadas del mismo, a punto tal que guarda absoluta concordancia con la regulación del instituto postulada en el Proyecto.

Sin embargo, en caso de aprobarse el marco regulatorio de este contrato en los términos del Proyecto, estimamos que la discusión en los casos que lleguen a conocimiento de los tribunales radicará en la extensión del resarcimiento en tanto la prueba de presunciones seguirá jugando un papel primordial.

 

SALTA, enero de 2013.

p/ Washington Alvarez, Washington Tomás Alvares y Victoria Amieva

Abogados del Estudio Washington Alvarez - Abogados

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 1998/03/23